PSOE y Unidas Podemos han presentado una enmienda para modificar el artículo 311 del Código Penal y con ello proteger a los trabajadores y las trabajadoras de incumplimientos reiterados de la legislación laboral.
Empresas como Glovo o Uber Eats han sido sancionadas en numerosas ocasiones, muchas de ellas ratificadas por los tribunales, por operar con falsos autónomos. A pesar de la entrada en vigor, en agosto de 2021, de la “Ley Rider”, una norma que pretendía hacer frente a la precariedad del sector de reparto a domicilio a través del reconocimiento de la presunción de laboralidad de todos los trabajadores y trabajadoras que operasen en este sector, han seguido sucediéndose las sanciones por la falta de regularización de su situación laboral.
La ley ‘Rider’ obliga a las plataformas de reparto a domicilio a contratar como asalariados a sus repartidores. De acuerdo con lo que establece la ley se debe reconocer la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios retribuidos de reparto, aunque la gestión de estos se realice mediante una plataforma digital.
En la actualidad, el apartado primero del artículo 311 del Código Penal establece que las empresas que impongan condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contratos individuales se enfrentan a penas de prisión de seis meses a seis años y a multas de seis a doce meses. La enmienda planteada añade que las mismas penas se impondrán a quien imponga condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantenga en contra de requerimiento o sanción administrativa.
La reforma que se pretende del mencionado artículo supondrá elevar a delito las prácticas de empresas como Glovo o Uber Eats, que ven en la actualidad más factible seguir infringiendo la normativa laboral y hacer frente a las multas impuestas que cumplir con la legalidad regularizando la situación de todos los falsos autónomos con los que cuentan. Así, en el caso de la empresa Glovo, ha sido multada este año con 79 millones de euros y la regularización de la situación laboral de 10.600 falsos autónomos. Ya en noviembre de 2021 fue multada con 8.5 millones de euros por la falta de regularización de 1.316 trabajadores. Además, está pendiente de un macrojuicio a instancias de una sanción impuesta por la Inspección de Trabajo que afecta a 3.200 “riders”.